El Proyecto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que el gobierno aprobó en2013 implicará una reforma profunda de la Ley de Bases de Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 de abril), que regula las competencias y el funcionamiento de las Entidades Locales (pensemos en los ayuntamientos, para aclararnos).
Este es un tema que se ha tratado bastante por Internet, al menos lo que respecta a Servicios Sociales. Pero no suele mencionarse nada acerca de Juventud y Cooperación al Desarrollo, ámbitos también afectados por dicho proyecto de ley. Quiero en esta entrada hacer referencia a la Cooperación al Desarrollo.
Con respecto a las competencias y al reflejo de la Cooperación al Desarrollo hasta ahora la legislación establecía un listado de competencias propias de las Administraciones Locales en función de tramos de población, entre las que no figuraba atribución alguna relativa a las relaciones internacionales y concretamente sobre la cooperación internacional.
Sin embargo, la propia norma era flexible en la atribución de cualquier competencia que “contribuyera a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”.
Gracias a esta flexibilidad, la acción exterior se ha ido forjando con la práctica de iniciativas concretas y, obviamente, el alcance de éstas ha sido de muy distinta índole en función, entre otros factores, del tamaño de la Entidad Local involucrada.
La reforma que se plantea dejaría como competencia impropia a la Cooperación al Desarrollo, pero también a la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales, entre otras.
Respecto a las competencias impropias recoge que sólo se podrán ejercer si concurren cuatro requisitos:
a) No se pone en riesgo financiero la realización de las competencias propias
b) No se producen duplicidades con las competencias autonómicas
c) Se garantiza la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias
d) Se cumplen los principios establecidos en la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (LO 2/2012 de 20 de abril). Se prevé además que será necesario para demostrar este requisito la existencia de un informe previo de la Comunidad Autónoma en el que se señale la inexistencia de duplicidades y del interventor de la entidad local sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.
La confluencia de estos cuatro requisitos conduce en la práctica a una prohibición legal de desarrollar una política de Cooperación Internacional con dotación presupuestaria en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Esto se debe a que la rigidez de los criterios que se emplean para valorar por ejemplo el riesgo financiero, hacen prácticamente imposible que se llegue a una situación económica en estas Entidades Locales que permita la asunción de otras competencias.
Para los municipios de más de 20.000 habitantes, es posible la delegación de algunas competencias por parte de la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas, entre las que podría considerarse la Cooperación porque no establece una lista cerrada. Sin embargo, esta posibilidad exige que la Administración delegante acompañe la delegación de la correspondiente financiación. La Administración que delega, además mantiene la dirección y control del ejercicio de esta competencia.
Además, el gobierno está preparando una nueva Ley de Acción Exterior (uno de sus actores serían los ayuntamientos). Hay también una Carta Europea de Autonomía Local que parece que ampararía la actividad de la cooperación directa y con ciudades hermanadas. Según estas nuevas ópticas, la cooperación al desarrollo municipal se podría salvar considerándola acción exterior en vez de acción social (como por ejemplo ocurre ahora en el Gobierno de Aragón). Aquí pueden surgir diversos problemas, entre otros los siguientes:
-Que con la excusa de la Ley algunos gobernantes locales que no creen en la cooperación van a aprovechar para cargársela de un plumazo en vez de buscar otras vías para seguir con esa labor.
– Aunque consideren la Cooperación al Desarrollo como acción exterior, el Ayuntamiento tiene que cumplir con la estabilidad presupuestaria y el Ministerio le revisa el presupuesto. Entonces puede ser que del Ministerio le echen para atrás el presupuesto y le impidan ejecutar nada de cooperación.
Como véis, es un tema con muchas aristas, y más que tendrá…
Doy las gracias desde aquí a la persona que me ha asesorado en esta entrada. Se agradecen las colaboraciones en el blog.
Fuentes:
http://www.musol.org/images/stories/archivos/2013/modifi_ley_al.pdf
Las Cuatro Piedras Angulares 
Además de todo lo que has comentado en el post, estaría la corrupción pura y dura por la que esas partidas fueran a parar al bolsillo de algún edil. Ya que como has comentado de dichas partidas, por su complejidad, sería difícil de hacerles algún tipo de seguimiento.
La cooperación a lo grande no la encuentro muy fiable. Con todas estas reformas a los que más se fastidia es las ONG pequeñas que hacen proyectos que la gente ve. Gracias #Jerby.
Es un tema complicado, yo creo que va más allá de la financiación o de quien es el organismo público competente. La cooperación exige tener claros unos principios que pocas veces son tenidos en cuenta. Hemos caído en el error de rebajarla a una cuestión de meros términos económicos, lo que cuesta. Pero hasta ahora nadie habla del fondo del asunto: ¿para que se coopera?, ¿cual es el objetivo?, ¿por que se hace?… mientras todas esas preguntas sigan en el aire, seguiremos con el modelo actual que no nos lleva a ningún lado. Modelo que promueve la trasferencia dineraria de lo sobrantes del Estado a los Estados de países en vías de desarrollo sin ningún seguimiento. Luego nos contaran que los gobernantes de dichos países, corruptos (como aquí) lo malgastan en alguna tontería que nada tiene que ver con las necesidades de sus ciudadanos o del país que se
La verdadera cooperación se basa en el desarrollo comunitario y en el emponderamiento de las comunidades. Para eso no hace falta dinero, solo personas con la capacidad suficiente para facilitar el proceso. Lo único que lograra el Gobierno con este cambio es su objetivo oculto:
– Controlar la cooperación del Estado Español, de forma que se destine a quien ellos quieran y por lo tanto que lejos de cooperar sea una forma de devolver favores o dar dinero a otros gobernantes que de otra forma seria difícil de justificar. A fin de cuentas la geopolítica internacional es un conjunto de intereses del capital.
– Cargarse de un plumazo los proyectos de las ONGD que por lo general suelen ser la piedra con la que se encuentran al mayoría de los dirigentes de los países del Tercer Mundo o en vías de desarrollo para hacer impunemente lo que les da la gana.
Y luego tenemos el factor decisivo que es el que subyace de todo esto: el control de los recursos naturales, quien paga manda y para que las grandes empresas que conocemos sigan siendo lo que son, necesitan sobre-explotar impunemente el otro lado del planeta.
Como ya sabemos, todo lo que se hace va para fastidiar al pobre. Por tanto, como le he dicho a #Jerby, todo parece ir encaminado a poner cada vez más pegas a las organizaciones pequeñas, que son las que hacen cosas que la gente puede palpar y que le beneficvian en su vida cotidiana. No lo he comentado pero también habrá modificaciones de la Ley de Subvenciones, por supuesto para hacerlo todo más restrictivo.
Gracias Diego.
Gracias Carolina! Ahora entiendo un poco mejor las noticias que oigo por la radio al respecto.
Efectivamente se están cargando la cooperación internacional, ya además con dos vertientes muy peligrosas. La primera, la propia ayuda que desde ONGs modestas se brinda a otros países. La segunda, el fomento de la solidaridad como parte esencial de los valores de una sociedad; de todos, niños y mayores.
Gracias por el post!
Gracias a tí, Ángel, por leerlo y comentar.
Realmente, el proyecto de ley que nombro al principio de la entrada afecta a muchas cosas: Servicios Sociales Básicos, Cooperación al Desarrollo, juventud… He nombrado la parte de cooperación internacional porque parece que es un poco más desconocida, al menos cuando yo he leído cosas de este proyecto de ley todo iba referido a servicios sociales. De todas formas, aunque no lo tenía pensado, incluiré una entrada más sobre este tema para que quede más claro todavía, ya que es algo muy importante.
Saludos 🙂
La forma en que esta ley distribuye las competencias entre ayuntamientos y comunidades autónomas después de como venía haciéndose desde la LBRL puede hacer temblar muchos campos de la atención social. Como nadie sabe cómo quedará al final la duda está ahora en el proceso.
MI interés en el tema del régimen local es muy lateral ya que gestiono un portal de internet que trata sobre residencias para personas mayores en España, y me interesa en el futuro de las residencias y los servicios de ayuda a domicilio para dependientes (ya sean discapacitados, mayores o de otros colectivos) de titularidad municipal que pueden verse afectados por el juego «competencias propias, impropias y delegadas».
Relacionado con ello, y después de haber participado en un par de cursos hablando sobre la cuestión, acabo de publicar en mi blog una entrada sobre la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, llamada pomposamente, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y su repercusión en los servicios sociales. Se lo envío por si es de su interés o del de alguien que visite este blog.
Muchas gracias por comentar y por la información tan interesante que aportas.
Un saludo 🙂